Haití avanza formalmente hacia la celebración de elecciones presidenciales y legislativas el próximo 13 de diciembre, aunque la grave situación de seguridad plantea dudas sobre la posibilidad de cumplir el calendario establecido.
La segunda vuelta está programada para el 21 de febrero de 2027, pero antes de llegar a las urnas el país deberá superar obstáculos que van desde el control de territorios por grupos armados hasta las dificultades para garantizar la movilidad de candidatos, electores y personal electoral.
El Consejo Electoral Provisional (CEP) continúa desarrollando las etapas preparatorias del proceso, pero amplias zonas del territorio permanecen afectadas por la violencia y la presencia de pandillas.
Control territorial complica organización electoral
Uno de los principales desafíos se concentra en los departamentos de Oeste, Artibonite y Centro, que reúnen una parte importante del electorado haitiano y donde grupos armados mantienen presencia o control sobre numerosas comunidades y vías de comunicación.
Las principales carreteras del país enfrentan además restricciones por puestos establecidos por pandillas, situación que dificulta tanto el desplazamiento de la población como una eventual campaña política.
El propio CEP ha tenido que modificar procedimientos para recibir documentación correspondiente a determinadas circunscripciones cuyos organismos electorales locales no funcionan con normalidad.
En localidades como Carrefour, Gressier, Kenscoff, Croix-des-Bouquets, Ganthier y Thomazeau, algunos trámites deberán gestionarse desde oficinas ubicadas fuera de las zonas originalmente correspondientes.
Más de un millón de desplazados
La crisis de seguridad también ha provocado un fuerte incremento del desplazamiento interno.
Organismos internacionales estimaban que cerca de 1.47 millones de personas se encontraban desplazadas dentro de Haití en mayo, más de la mitad de ellas menores de edad.
La ONU ha documentado además cientos de muertes y otras violaciones de derechos humanos vinculadas con la violencia de grupos armados.
Entre abril y junio fueron reportadas más de 1,400 muertes en hechos relacionados con la inseguridad, mientras los enfrentamientos se han extendido desde el área metropolitana de Puerto Príncipe hacia otras regiones.
Este panorama dificulta establecer centros de votación seguros y actualizar los registros electorales de una población que ha tenido que abandonar sus comunidades.
Cambios y cuestionamientos dentro del proceso
El CEP continúa con la acreditación de organizaciones políticas, inscripción de electores y preparación del personal que participará en las votaciones.
Sin embargo, sectores políticos y de la sociedad civil han solicitado modificaciones al marco electoral antes de los comicios.
El periodista haitiano Yves Manuel, director de información de Scoop FM, considera que cualquier ajuste a las reglas podría repercutir sobre un calendario ya presionado por la situación de seguridad.
La incertidumbre aumentó además después de que Peterson Pierre-Louis sustituyera a Jacques Desrosiers en la presidencia del Consejo Electoral Provisional a principios de septiembre.
OEA advierte sobre vínculos entre política y grupos armados
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, ha advertido sobre posibles vínculos entre determinados actores políticos y grupos armados, una situación que podría afectar la credibilidad del proceso.
El periodista Milo Milfort, fundador de Enquet’Action, también ha expresado preocupación por una eventual participación electoral de personas sancionadas internacionalmente por presuntos vínculos con estructuras criminales.
Milfort considera además que, en determinadas zonas, los candidatos podrían enfrentar dificultades para hacer campaña sin negociar previamente el acceso con quienes controlan esos territorios.
Son señalamientos y valoraciones que deberán ser contrastados individualmente en caso de que se formulen acusaciones contra candidatos concretos.
Seguridad será determinante
La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), encargada de respaldar a la Policía Nacional de Haití, busca ampliar su despliegue antes de las elecciones.
Su portavoz, Igor Rugwiza, explicó que la misión podría contar con hasta 5,500 efectivos y 50 funcionarios civiles, con el objetivo de recuperar territorios y contribuir a crear condiciones para el proceso electoral.
Sin embargo, analistas haitianos consideran que el reto no consiste únicamente en garantizar seguridad alrededor de los centros de votación.
Para que unas elecciones sean creíbles, sostienen, los ciudadanos deberían poder desplazarse sin amenazas y los candidatos tendrían que contar con libertad suficiente para realizar campaña en todo el territorio.
Diciembre permanece como fecha oficial
Por ahora, el 13 de diciembre continúa siendo la fecha prevista para la primera vuelta, y el Consejo Electoral Provisional no ha anunciado oficialmente su aplazamiento.
No obstante, la evolución de la seguridad durante los próximos meses será determinante para establecer si Haití puede celebrar unas elecciones con participación suficiente y garantías básicas.
En caso de que el calendario deba modificarse, especialistas consideran que cualquier retraso debería estar acompañado de acuerdos políticos, mejoras en las condiciones de seguridad y ajustes al sistema electoral, evitando una postergación indefinida del retorno al orden constitucional.
