La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que los casos de corrupción administrativa sí generan víctimas, al considerar que cada recurso público desviado deja de ser utilizado en servicios destinados a la población.
La magistrada hizo el planteamiento durante la conferencia “Hacia una gestión pública íntegra: Prevención y lucha contra la corrupción”, impartida en el marco del Foro de Contratación Pública.
Durante su intervención, Reynoso utilizó como ejemplo el proceso relacionado con el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), donde varias personas, entre ellas antiguos miembros de su junta directiva, enfrentan acusaciones por presuntas irregularidades que habrían afectado recursos destinados a la atención de pacientes.
La titular del Ministerio Público sostuvo que este tipo de hechos adquiere una dimensión particularmente grave cuando involucra fondos destinados a medicamentos y tratamientos para personas en condiciones de vulnerabilidad.
Recursos públicos y servicios esenciales
Reynoso insistió en que los delitos contra el patrimonio público no deben verse únicamente como perjuicios económicos contra el Estado.
A su juicio, las consecuencias terminan trasladándose a los ciudadanos cuando el dinero que debía financiar hospitales, centros educativos, infraestructura u otros servicios deja de cumplir esa función.
“Cada peso del patrimonio público que se sustrae deja de ir a los hospitales, a los centros educativos, a la infraestructura y, en definitiva, al desarrollo del país”, expresó durante su intervención.
La procuradora agregó que, al tratarse de recursos pertenecientes al conjunto de la sociedad, su apropiación irregular termina afectando de manera colectiva a la población.
Declaraciones en medio de investigaciones por corrupción
Las afirmaciones se producen mientras el Ministerio Público mantiene abiertos distintos procesos relacionados con presuntos actos de corrupción administrativa.
Entre ellos figura la investigación vinculada al Seguro Nacional de Salud (Senasa), en la que las autoridades han solicitado más tiempo para completar la acusación contra el exdirector Santiago Hazim y otros imputados.
Las personas involucradas en esos procesos mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
