La apertura del mercado dominicano al arroz procedente de Estados Unidos coloca nuevamente bajo atención las diferencias existentes entre las condiciones en que producen los agricultores de ambos países.
Mientras República Dominicana eliminó recientemente el régimen especial de protección establecido mediante el Decreto 693-24, los productores estadounidenses cuentan con una estructura de programas federales diseñada para reducir el impacto de pérdidas económicas, caídas de precios y dificultades de comercialización.
Uno de los ejemplos más recientes es el Farmer Bridge Assistance Program (FBA), mediante el cual el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) destinó miles de millones de dólares en pagos extraordinarios a productores de cultivos extensivos.
Para el arroz, la ayuda fue fijada en US$132.89 por acre sembrado, equivalente a aproximadamente US$328 por hectárea, la tasa más alta entre los cultivos incluidos en el programa. Farm Service Agency
Ayuda basada en la superficie sembrada
El Farmer Bridge Assistance fue concebido como un apoyo extraordinario para agricultores afectados por altos costos de producción y alteraciones en los mercados.
El programa dispone de US$11,000 millones en pagos únicos para productores de cultivos como arroz, maíz, algodón, trigo, soya y sorgo, entre otros. Farm Service Agency
En el caso del arroz, la ayuda no depende de cuánto produjo o exportó cada agricultor, sino de las hectáreas elegibles sembradas durante 2025.
El USDA estableció además un límite de US$155,000 por productor y requisitos vinculados con los ingresos y la participación activa en la actividad agrícola. Farm Service Agency
Por tanto, no se trata de un programa diseñado específicamente para financiar las exportaciones hacia República Dominicana, sino de una transferencia de apoyo a la producción estadounidense.
El pago cubre parte de las pérdidas estimadas
Para calcular la ayuda al arroz, las autoridades estadounidenses utilizaron información sobre costos de producción, rendimiento y precios proyectados.
De acuerdo con los cálculos divulgados, el rendimiento considerado fue de 75.06 quintales estadounidenses por acre, con un precio estimado de US$11.60 por cada cien libras.
Eso arrojó ingresos proyectados de aproximadamente US$870.70 por acre, frente a costos de producción calculados en US$1,307.68.
La diferencia equivale a una pérdida teórica de unos US$436.98 por acre.
El pago de US$132.89 establecido por el programa cubriría alrededor del 30 % de esa pérdida estimada, aunque esas cifras corresponden al modelo general utilizado por el Gobierno estadounidense y no necesariamente reflejan la situación individual de cada finca. Diario Libre
No es el único mecanismo de respaldo
Los productores estadounidenses también disponen de programas permanentes que funcionan como una red de protección frente a determinadas condiciones del mercado.
Uno de ellos es el Price Loss Coverage (PLC), que genera pagos cuando el precio promedio aplicable a un cultivo cae por debajo de un nivel de referencia establecido por ley.
Las modificaciones agrícolas aprobadas en Estados Unidos en 2025 elevaron el precio de referencia legal del arroz de grano largo y del mediano o corto de US$14 a US$16.90 por cada cien libras, un incremento de alrededor del 20.7 %. Economic Research Service
Eso no significa que el Gobierno estadounidense compre toda la producción de arroz a US$16.90.
El PLC calcula los pagos tomando en consideración la diferencia entre el precio de referencia y el precio de mercado, además del rendimiento reconocido y un porcentaje de la superficie histórica elegible.
Por tanto, funciona como una protección de ingresos bajo determinadas circunstancias, no como un precio garantizado para toda la cosecha.
Otros programas reducen riesgos
Estados Unidos cuenta también con el Agriculture Risk Coverage (ARC), que protege frente a disminuciones de ingresos agrícolas, así como préstamos federales de comercialización que permiten utilizar determinados cultivos como garantía.
Estas herramientas forman parte de una política agrícola desarrollada durante décadas para reducir la exposición de los productores a fluctuaciones de precios, costos, clima y otras variables.
El respaldo extraordinario tampoco comenzó con el programa de 2026.
En 2023, el USDA puso a disposición de los productores de arroz hasta US$250 millones mediante el Rice Production Program, creado para enfrentar el fuerte incremento de los costos registrado en 2022. Farm Service Agency
Los pagos fueron calculados utilizando las superficies sembradas y aquellas que no pudieron cultivarse durante ese año.
¿Qué significa esto para República Dominicana?
La discusión adquiere mayor relevancia después de que el presidente Luis Abinader derogara el Decreto 693-24, que desde finales de 2024 establecía un régimen específico para las importaciones de arroz.
La eliminación se produjo mediante el Decreto 635-26, emitido el 9 de septiembre de 2026. Diario Libre
La normativa anterior contemplaba una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con arancel cero y establecía gravámenes para importaciones que superaran determinados contingentes.
Estados Unidos había solicitado eliminar esas restricciones al considerar que no correspondían con las condiciones de acceso establecidas en el DR-Cafta. Diario Libre
El nuevo escenario aumenta así la atención sobre la capacidad de los productores dominicanos para competir frente a un sector estadounidense que opera con mayor escala y productividad, pero también con una importante estructura de respaldo público.
Ayudas no equivalen automáticamente a competencia desleal
La existencia de subsidios agrícolas en Estados Unidos no permite concluir por sí sola que el arroz importado se venda en República Dominicana por debajo de su costo de producción o que exista una práctica comercial ilegal.
Para demostrar dumping u otra distorsión comercial sería necesario realizar un análisis específico de precios, costos, márgenes de exportación y reglas internacionales aplicables.
Sin embargo, los programas estadounidenses sí forman parte de las condiciones económicas en las que opera ese sector y pueden reducir el riesgo financiero asumido por los productores.
Una comparación completa entre el arroz dominicano y el estadounidense requiere, por tanto, evaluar no solo el precio final del cereal, sino también productividad, escala, financiamiento, tecnología, costos, transporte y ayudas públicas disponibles en cada país.
Gobierno promete mantener apoyo al sector nacional
El ministro de Agricultura, Francisco Espaillat Bencosme, ha asegurado que la derogación del Decreto 693-24 no significa que el Gobierno vaya a abandonar a los productores nacionales.
Las autoridades han señalado que buscarán fortalecer la competitividad mediante mecanización, asistencia técnica, planificación y otras políticas destinadas a elevar la productividad.
Los gremios agropecuarios, por su parte, han pedido definir con claridad cuáles serán las medidas que sustituirán el esquema arancelario eliminado y han reclamado una estrategia de largo plazo que reduzca la brecha productiva frente a Estados Unidos. Diario Libre
El debate sobre el arroz bajo el DR-Cafta entra así en una nueva fase: la producción dominicana deberá desenvolverse en un mercado más abierto frente a competidores que, además de contar con mayores rendimientos, disponen de distintos instrumentos públicos para amortiguar pérdidas y fluctuaciones de precios.
