La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este jueves que el exprocurador Jean Alain Rodríguez presentó una propuesta para alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público dentro del proceso judicial que enfrenta.
Durante su participación en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Reynoso sostuvo que la iniciativa partió de Rodríguez y que fue formalizada mediante un documento escrito.
La magistrada indicó que el Ministerio Público decidió no aceptar la propuesta y señaló que, al no concretarse el acuerdo, los detalles de su contenido no serán divulgados en cumplimiento de las normas procesales aplicables.
Ministerio Público defiende el proceso
Reynoso también cuestionó los distintos recursos presentados por la defensa del exfuncionario y sostuvo que el expediente contiene suficientes elementos probatorios para continuar con el proceso judicial.
El director general de Persecución, Wilson Camacho, rechazó igualmente los señalamientos realizados por la defensa sobre supuestas irregularidades en algunas de las evidencias digitales incorporadas al expediente.
Estas afirmaciones corresponden a la posición del Ministerio Público dentro del proceso y son rechazadas por la defensa de Rodríguez, que ha solicitado la extinción de la acción penal argumentando que el caso ha excedido el plazo razonable establecido por la legislación.
Tribunal decidirá sobre solicitud de extinción
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene previsto dar a conocer el próximo 17 de agosto su decisión sobre la petición presentada por los abogados de Jean Alain Rodríguez para declarar extinguida la acción penal.
La defensa sostiene que la duración del proceso no puede ser atribuida al imputado y argumenta que los retrasos corresponden al funcionamiento del sistema judicial y al Ministerio Público.
El órgano acusador, en cambio, solicita que el proceso continúe y considera que existen razones jurídicas para rechazar la extinción solicitada.
Rodríguez es uno de los principales imputados en el denominado caso Medusa, proceso en el que el Ministerio Público formula acusaciones por presuntos hechos de corrupción administrativa durante su gestión como procurador general de la República. El exfuncionario mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
