La República Dominicana obtuvo una decisión favorable en un arbitraje internacional relacionado con la terminación de un contrato para la gestión y recolección de residuos sólidos en Santo Domingo Este.
El Tribunal Arbitral rechazó las reclamaciones formuladas por el empresario francés Yves Martine Garnier, propietario de EGTT Dominicana, quien exigía una indemnización superior a US$100 millones.
El laudo, emitido el 19 de agosto de 2026, concluyó que la terminación del contrato de concesión suscrito entre la empresa y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este se realizó conforme al derecho dominicano.
Tribunal rechazó las reclamaciones del inversionista
La disputa se originó tras la cancelación del contrato mediante el cual EGTT Dominicana tenía a su cargo la prestación del servicio de recolección de residuos en el municipio.
De acuerdo con la decisión arbitral, existían deficiencias atribuidas a la empresa en la ejecución del servicio que respaldaban la terminación contractual.
El tribunal también determinó que los hechos presentados por Garnier no demostraban que el Estado dominicano hubiera incumplido las obligaciones establecidas en el acuerdo bilateral de protección de inversiones suscrito con Francia en 1999.
Proceso comenzó en 2021
El arbitraje fue iniciado el 4 de octubre de 2021 y administrado por la Corte Permanente de Arbitraje, bajo el caso 2022-01.
La reclamación superaba los US$100 millones, por lo que una decisión adversa habría implicado una obligación económica significativa para el Estado dominicano.
Con el fallo, el tribunal rechazó el pago de la indemnización reclamada por el inversionista.
Defensa estuvo a cargo de varias instituciones
La representación del Estado fue coordinada inicialmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) junto al Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
Posteriormente, el Ministerio de Justicia asumió la representación estatal en materia de arbitrajes de inversión, tras la entrada en vigor de la Ley 80-25.
La defensa también contó con la asistencia de la firma internacional Foley Hoag LLP.
Las autoridades dominicanas señalaron que el resultado permite proteger recursos públicos y, al mismo tiempo, reafirmar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país frente a inversionistas extranjeros.
