La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de Ley Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, que plantea nuevas condiciones para los beneficiarios de programas de estudios internacionales financiados con recursos públicos.
La propuesta, presentada por el diputado José Manuel Caraballo Gómez, contempla que los becados en el extranjero tengan que regresar a República Dominicana al finalizar sus estudios y prestar servicios profesionales en el país durante un período mínimo de dos y hasta cinco años.
La obligación aparece contemplada en el artículo 15 del proyecto y estaría vinculada al principio de reciprocidad por la inversión realizada por el Estado en la formación académica del beneficiario.
Incumplimiento implicaría devolución de recursos
Según el texto aprobado en primera lectura, quienes incumplan con la obligación de retorno podrían tener que devolver los fondos recibidos para financiar la beca, además de quedar sujetos a las acciones legales correspondientes.
La iniciativa sostiene que esta disposición no constituye una limitación de derechos fundamentales, sino una condición asociada al beneficio recibido mediante recursos públicos.
El proyecto todavía no es ley y deberá superar una segunda lectura en la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado para continuar el procedimiento legislativo.
Sanciones por fraude e irregularidades
La propuesta también establece un régimen de sanciones para prevenir irregularidades en la asignación y utilización de las becas.
Entre las infracciones consideradas muy graves figuran la presentación de documentos falsificados o adulterados, la manipulación de registros y el uso fraudulento o desvío de los recursos otorgados.
Las consecuencias podrían incluir la cancelación de la beca, devolución de los fondos, impedimento para solicitar nuevos beneficios durante un período de hasta 10 años y remisión del expediente al Ministerio Público cuando existan indicios de responsabilidad penal.
El régimen también alcanzaría a funcionarios que incurran en tráfico de influencias, favoritismo o asignaciones irregulares de becas.
Prioridad para estudiantes de zonas vulnerables
En materia de inclusión, el proyecto contempla reservar parte de las becas para estudiantes procedentes de zonas rurales y territorios con mayores niveles de rezago social, así como para dominicanos residentes en el exterior.
También propone la creación del Portal Único de Becas (PUBE), donde deberán concentrarse las convocatorias, requisitos, resultados y otras informaciones relacionadas con los programas financiados por el Estado.
El proyectado Consejo Nacional de Becas (Conabe) tendría además la responsabilidad de publicar informes sobre las adjudicaciones, montos concedidos, distribución territorial e impacto de los recursos.
Becas vinculadas a necesidades del mercado laboral
Otro de los puntos de la iniciativa establece que cada cinco años se elabore un diagnóstico sobre las necesidades laborales y de formación profesional del país.
Ese estudio serviría de referencia para priorizar carreras y áreas consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y el mercado laboral dominicano.
El financiamiento del sistema provendría de asignaciones presupuestarias, aportes privados, cooperación internacional y un fideicomiso público denominado Fondo Nacional de Becas.
Ahora la iniciativa deberá ser conocida en segunda lectura por la Cámara de Diputados y, si vuelve a ser aprobada, será remitida al Senado para continuar su trámite legislativo.
