Los casos se producen después de un septiembre que cerró con 55 fallecidos en operativos policiales, la cifra mensual más elevada reportada este año. Juristas reclaman investigaciones independientes, mientras la Procuraduría no ha divulgado estadísticas generales sobre los resultados de las pesquisas.
Las muertes ocurridas durante intervenciones de la Policía Nacional mantienen un ritmo elevado durante octubre, con 20 personas fallecidas en los primeros días del mes, después de que septiembre terminara con 55 casos, la mayor cantidad registrada en un solo mes durante 2026.
En los informes divulgados sobre estos hechos, la Policía sostiene que las personas fallecidas eran buscadas por diferentes delitos y que en la mayoría de los casos se produjeron enfrentamientos armados cuando los agentes intentaron detenerlas.
Entre las acusaciones atribuidas por la institución figuran homicidios, robos a mano armada, asaltos y despojos de motocicletas, además de la existencia de órdenes judiciales de arresto.
Sin embargo, las circunstancias concretas de cada muerte deben ser determinadas mediante investigaciones independientes que permitan establecer cómo se desarrollaron los operativos y si el uso de la fuerza estuvo justificado.
De siete a 20 fallecidos en pocos días
Durante la primera semana de octubre se habían contabilizado al menos siete muertes en intervenciones policiales.
La cifra aumentó rápidamente durante los días siguientes hasta alcanzar 20 casos.
Entre las personas reportadas como fallecidas figuran Adolfo María Bello Heredia, conocido como “Jhonathan”; Samuel Antonio Brook de los Santos, alias “Bombita”; Juan Carlos Ventura García; Edgar Yomerbi Pinales, conocido como “el Jefe”; Fernando Arturo Tavárez Muñoz, alias “Fernandito”, y Yunior Alfonso Tineo, conocido como “la Changa”.
También aparecen Malvin Ferreras Matos, alias “Bebo”; Estarlin Emilio Rodríguez Ramos, conocido como “Chicho”; Erickson Cabrera Guerrero, alias “Amo Rompe Banca”; Esteban Muñoz, conocido como “Valentín”; Alexis Eusebio Torres; Joel Féliz Cuevas, alias “la Liebre”, y Carlos Alfredo Sánchez Robles, conocido como “Chuky” o “Jeison”.
A ellos se agregan otros hombres identificados por las autoridades mediante nombres o apodos en diferentes intervenciones realizadas en varias provincias.
La Policía ha presentado estos casos como actuaciones contra personas activamente buscadas y sostiene que los agentes respondieron después de ser atacados.
Esa versión, sin embargo, debe diferenciarse de las conclusiones que eventualmente puedan establecer el Ministerio Público, los peritajes forenses y los tribunales.
Septiembre cerró con 55 casos
El incremento registrado en octubre ocurre inmediatamente después de un septiembre particularmente elevado.
Durante ese mes, 55 personas murieron en intervenciones policiales, de acuerdo con los datos reportados por la propia institución.
La cifra fue la más alta registrada durante un mes de 2026 y provocó nuevas discusiones sobre el uso de la fuerza en los operativos contra personas requeridas por la Justicia.
El aumento coincide además con una ofensiva policial para ejecutar miles de órdenes pendientes.
A principios de octubre, la Policía Nacional informó oficialmente que mantiene 53,877 órdenes de arresto y captura pendientes, correspondientes a 31 clasificaciones delictivas.
De ese total, 17,635 corresponden a violencia intrafamiliar; 11,587 a robos; 5,951 a agresiones físicas; 4,018 a agresiones sexuales y 2,681 a homicidios, entre otras categorías.
La institución también identificó a cientos de personas contra las que existen varias órdenes de arresto simultáneamente.
Algunas personas buscadas optan por entregarse
En medio del aumento de los operativos, varias personas requeridas por las autoridades han comenzado a entregarse voluntariamente.
La Policía ha exhortado a quienes tengan órdenes pendientes a presentarse ante la Justicia.
El presidente Luis Abinader también pidió recientemente a las personas buscadas que se entreguen y advirtió que, en caso contrario, serán localizadas por los organismos de seguridad.
Las declaraciones generaron atención debido a que coinciden con un período de notable incremento de las muertes durante operativos policiales.
El Gobierno ha defendido la necesidad de enfrentar la delincuencia y ejecutar las órdenes emitidas por los tribunales, mientras sectores jurídicos y organizaciones de la sociedad civil reclaman que esas operaciones se desarrollen respetando el debido proceso y los límites establecidos para el uso de la fuerza.
Procuraduría no ofrece cifras sobre investigaciones
Uno de los principales interrogantes está relacionado con el seguimiento que realiza el Ministerio Público después de una muerte durante una intervención policial.
Ante solicitudes de información sobre cuántos de estos casos han sido investigados y cuáles han sido sus resultados, la Procuraduría General de la República no ofreció estadísticas consolidadas.
La institución argumentó que una parte de la información está relacionada con investigaciones penales específicas cuya divulgación podría afectar procesos abiertos y derechos de terceros.
Sin embargo, siguen sin conocerse públicamente datos generales que permitan establecer, por ejemplo, cuántos agentes han sido investigados o sometidos a la Justicia por muertes ocurridas durante operativos policiales.
Tampoco se han detallado públicamente los resultados globales de pruebas balísticas, autopsias, análisis de residuos de disparos u otras diligencias realizadas en este tipo de casos.
¿Qué debe investigarse después de una muerte?
Determinar cómo ocurrió un enfrentamiento requiere algo más que el informe elaborado por los propios agentes participantes.
Entre los elementos que normalmente pueden resultar relevantes figuran la preservación de la escena, levantamiento de evidencias, autopsias, análisis de trayectorias y proyectiles, peritajes de las armas utilizadas y declaraciones de testigos.
La existencia de cámaras corporales o grabaciones de seguridad también puede aportar información para reconstruir los acontecimientos.
Esas diligencias permiten establecer cuestiones fundamentales, como quién disparó, desde dónde se realizaron los disparos y si las evidencias físicas coinciden con la versión presentada inicialmente por las autoridades.
Juristas solicitan investigaciones independientes
El debate adquirió mayor intensidad después de que un grupo de abogados encabezado por Carlos Balcácer solicitara al Ministerio Público investigar de manera independiente al menos 47 muertes ocurridas en intervenciones policiales entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre.
Los juristas plantearon examinar autopsias, pruebas balísticas, cámaras corporales, actas procesales y declaraciones de testigos y familiares.
También formularon acusaciones contra la dirección policial relacionadas con instrucciones que, según ellos, habrían sido impartidas a unidades investigativas.
Estas denuncias constituyen señalamientos de los abogados y no hechos judicialmente establecidos, por lo que corresponderá al Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para abrir procesos penales o establecer responsabilidades.
Seguridad y rendición de cuentas
El incremento de estos casos coloca nuevamente sobre la mesa dos obligaciones que no necesariamente son incompatibles: ejecutar las órdenes judiciales y enfrentar delitos graves, pero también garantizar que las actuaciones de los organismos de seguridad puedan ser verificadas posteriormente.
Una persona buscada por la Justicia puede ser arrestada y procesada por los delitos que se le imputan. Esa condición no elimina su derecho al debido proceso ni convierte automáticamente en comprobada la versión inicial sobre las circunstancias de su muerte.
Por ello, conocer los resultados de las investigaciones realizadas después de cada intervención resulta fundamental tanto para determinar responsabilidades cuando existan irregularidades como para confirmar cuándo los agentes actuaron legítimamente ante una amenaza.
Con 55 fallecidos en septiembre y otros 20 registrados en octubre hasta ahora, la discusión ya no se limita a casos individuales y vuelve a plantear preguntas sobre los mecanismos de supervisión, investigación y rendición de cuentas aplicados a las actuaciones policiales.
