El aumento de las muertes durante intervenciones policiales ha intensificado el debate sobre los límites del uso de la fuerza en República Dominicana, al mismo tiempo que el Gobierno anuncia una ofensiva para localizar a miles de personas con órdenes de arresto pendientes.
La Policía Nacional informó que mantiene 53,877 órdenes de arresto sin ejecutar correspondientes a 50,865 personas, una cifra superior incluso a los 43,464 miembros que figuraban en la nómina de la institución al cierre de agosto.
Esto representa unas 1.24 órdenes pendientes por cada agente y evidencia la magnitud del reto que enfrentan las autoridades para ejecutar los requerimientos judiciales acumulados.
El dato se conoce en medio de cuestionamientos de organizaciones jurídicas y sectores de la sociedad civil por la cantidad de fallecimientos registrados durante operativos que la Policía describe como “intercambios de disparos”.
Más de 50,000 personas requeridas
La institución presentó esta semana una base de datos más amplia después de que una investigación periodística señalara que solo tres de al menos 182 personas fallecidas durante intervenciones policiales en 2026 figuraban en la lista pública de prófugos disponible en su portal.
La Policía explicó que esa lista pública no representa la totalidad de las personas requeridas por la justicia.
Según Alejandro Aracena, del área de Prófugos, apenas alrededor del 1 % de los casos llega al apartado público de “los más buscados”, por lo que no puede utilizarse esa plataforma como registro completo de las órdenes pendientes.
La cifra de 182 fallecidos procede del registro periodístico Patrulla Letal, elaborado por Diario Libre a partir de casos que han trascendido públicamente. Otras estadísticas oficiales manejan universos y metodologías diferentes, por lo que las cifras no son necesariamente equivalentes.
Robos, agresiones y homicidios entre las órdenes
De las 53,877 órdenes pendientes, 22,832 corresponden a siete categorías delictivas, alrededor del 42.4 % del total.
Entre ellas figuran 11,587 vinculadas a robos; 6,066 a heridas y agresiones físicas; 2,681 a homicidios; 1,385 a drogas; 647 a secuestros; 399 a porte ilegal de armas y 67 a trata de personas.
En una presentación más detallada de la base de datos, la Policía también informó de miles de requerimientos relacionados con violencia intrafamiliar, agresiones sexuales, delitos cibernéticos y amenazas.
La institución identificó además a 73 personas con múltiples órdenes de arresto y otras 485 que acumulan más de cinco requerimientos judiciales.
Abinader pide a los requeridos entregarse
El presidente Luis Abinader reiteró este jueves su llamado a las personas con órdenes pendientes para que se entreguen voluntariamente a las autoridades.
“Lo que nosotros les repetimos es que se entreguen, porque hay equipos buscando”, declaró el mandatario durante una actividad en Santo Domingo Este.
Abinader anunció que el Gobierno continuará reforzando a la Policía con más agentes, tecnología, equipamiento y una mayor expansión del sistema de patrullaje por cuadrantes.
Días antes había formulado un llamado similar, señalando que las autoridades buscarán a quienes tengan órdenes pendientes antes de que puedan involucrarse nuevamente en otros hechos delictivos.
La vicepresidenta Raquel Peña, por su parte, sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y preservar la paz social y señaló, al ser cuestionada sobre los denominados intercambios de disparos, que quienes pretendan delinquir deben “atenerse a las consecuencias”.
Estas posiciones expresan el respaldo del Ejecutivo a la estrategia de seguridad, pero no sustituyen la obligación de esclarecer individualmente las circunstancias en que se producen muertes durante las actuaciones policiales.
Juristas reclaman investigaciones independientes
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) pidió al presidente Abinader intervenir ante el número de fallecimientos ocurridos en operativos.
El abogado Cándido Simón, en representación de la entidad, sostuvo que la Policía tiene facultades para identificar, perseguir y detener a personas requeridas por la justicia, pero reclamó que las muertes atribuidas a intercambios de disparos sean investigadas de manera independiente.
El organismo también solicitó a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Interior y Policía esclarecer cada caso y determinar si el uso de la fuerza estuvo justificado.
Simón citó datos de la Fuerza de Tarea que contabilizan 142 fallecimientos en intercambios de disparos durante 2026, una cifra distinta del registro periodístico de 182 muertes en intervenciones policiales debido a que ambas mediciones utilizan criterios diferentes.
El abogado Manuel Sierra recordó que la Constitución dominicana no contempla la pena de muerte y señaló que corresponde al Ministerio Público determinar si cada actuación estuvo amparada por legítima defensa o si existieron irregularidades.
Finjus pide proporcionalidad en el uso de la fuerza
A los cuestionamientos se sumó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán.
El jurista afirmó que combatir la delincuencia no justifica ejecuciones extrajudiciales y pidió garantizar que la actuación policial se mantenga dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes.
Castaños Guzmán recordó que el artículo 37 de la Constitución protege el derecho a la vida y planteó que los agentes deben diferenciar entre situaciones donde existe una amenaza real e inminente y aquellas en las que el peligro ha cesado o no amerita el empleo de fuerza letal.
Al mismo tiempo, reconoció la necesidad de que los policías cuenten con respaldo institucional y jurídico para enfrentar situaciones de riesgo, pero consideró que esa protección debe ir acompañada de controles, proporcionalidad y mecanismos de rendición de cuentas.
También respaldó el proceso de modernización policial y planteó que la seguridad ciudadana requiere combinar prevención, investigación criminal, persecución del delito y respeto de los derechos fundamentales.
Seguridad y actuación policial, dos debates simultáneos
Las cifras conocidas esta semana colocan sobre la mesa dos problemas que avanzan de manera paralela.
Por un lado, la Policía enfrenta decenas de miles de órdenes judiciales pendientes de ejecución, incluyendo personas requeridas por delitos graves y algunas con múltiples órdenes.
Por otro, organizaciones jurídicas reclaman que esa ofensiva contra la delincuencia se realice dentro del marco legal y que las muertes ocurridas durante operativos sean investigadas individualmente.
El debate no gira únicamente en torno a si las autoridades deben perseguir a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, sino también sobre cómo deben desarrollarse esas operaciones y qué controles deben aplicarse cuando el resultado es la muerte de una persona.
