El presidente Luis Abinader dispuso que determinadas contrataciones vinculadas a programas sociales del Estado sean dirigidas exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias de producción nacional, como parte de una política orientada a aumentar la participación de fabricantes dominicanos en las compras públicas.
La medida está contenida en el Decreto 672-26, emitido este lunes, y abarca adquisiciones relacionadas con programas de alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, útiles escolares y protección de poblaciones vulnerables.
El objetivo declarado por el Gobierno es utilizar la demanda generada por esas instituciones para estimular la producción nacional, fortalecer a las mipymes industriales y favorecer la generación de empleos.
La reserva, sin embargo, está condicionada a que las empresas participantes puedan cumplir con las cantidades, especificaciones técnicas y estándares de calidad requeridos por las entidades contratantes.
Productos deberán ser de fabricación nacional
El decreto establece que las compras comprendidas en esta modalidad deberán favorecer productos agroindustriales y manufactureros elaborados en República Dominicana.
La contratación deberá realizarse directamente con los productores, sin intermediarios, salvo que exista una autorización previa y por escrito de la empresa fabricante.
La disposición no significa que todas las adquisiciones realizadas por las instituciones incluidas quedarán reservadas a mipymes.
Su aplicación se limita a los programas y productos específicamente contemplados por el decreto y siempre estará sujeta a la existencia de productores nacionales capaces de satisfacer las necesidades de cada institución.
Instituciones incluidas
Entre las entidades alcanzadas por la medida figuran la Dirección de Desarrollo Social Supérate, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), el Ministerio de Educación y la Policía Nacional.
También incluye al Servicio Nacional de Salud (SNS), Ministerio de Defensa, Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Promese/CAL y la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, entre otras instituciones.
En cada caso, la reserva se aplicará únicamente a las adquisiciones relacionadas con los programas sociales y tipos de bienes definidos en la normativa.
Compras deberán seguir siendo competitivas
Aunque los procedimientos estarán dirigidos a mipymes industriales nacionales, las instituciones no podrán realizar las adquisiciones de manera discrecional.
El decreto ordena utilizar procedimientos de selección competitiva, conforme a la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación 52-26.
La nueva legislación ya establece que las instituciones públicas deben reservar como mínimo un 30 % de sus partidas destinadas a contrataciones para mipymes, distribuido en un 20 % para mipymes en general y un 10 % para aquellas dirigidas por mujeres.
Para determinar si existe capacidad de suministro, las entidades deberán consultar el Registro de Proveedores del Estado (RPE) mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas.
Si no encuentran empresas que puedan cumplir con los requerimientos, tendrán que publicar una manifestación de interés detallando las cantidades y especificaciones de los productos que necesitan.
Cuando no existan oferentes o los participantes no demuestren capacidad suficiente, el procedimiento podrá ser declarado desierto. Si la situación se repite, la institución podrá revisar las condiciones e iniciar un nuevo proceso conforme a las normas de contratación.
Empresas necesitarán certificaciones
Las mipymes industriales interesadas deberán contar con un Registro Industrial de Proindustria y con la certificación correspondiente emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Las empresas clasificadas como mipymes lideradas por mujeres deberán disponer además de la certificación MIPYMES Mujer.
La Dirección General de Contrataciones Públicas ya establece que las empresas que quieran reflejar su condición de mipyme o mipyme mujer en el Registro de Proveedores del Estado deben presentar una certificación vigente del MICM.
El decreto plantea que la validación de esas acreditaciones se realice mediante intercambio de información entre instituciones públicas para evitar solicitar al proveedor documentos que ya estén disponibles en los sistemas estatales.
Proindustria y el MICM también deberán ofrecer asistencia a las empresas para agilizar sus procesos de registro y certificación.
Gobierno levantará inventario de oferta nacional
Otra de las disposiciones crea una Mesa de Articulación Interinstitucional entre el MICM y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
El organismo tendrá entre sus responsabilidades coordinar la ejecución de la medida, identificar sectores industriales con potencial para abastecer al Estado, actualizar información sobre la oferta productiva y desarrollar programas de capacitación para proveedores.
La DGCP deberá identificar trimestralmente los bienes y servicios adquiridos por las entidades comprendidas en el decreto y remitir esos datos al MICM.
A su vez, Industria y Comercio tendrá cuatro meses para elaborar un inventario de los bienes y servicios ofrecidos por las mipymes industriales inscritas en el Registro de Proveedores del Estado.
La información deberá actualizarse al menos una vez cada año.
Exigencias de calidad
La reserva a favor de productores nacionales no elimina los estándares técnicos exigidos para las compras estatales.
Los productos deberán cumplir como mínimo con las normas y reglamentos técnicos nacionales correspondientes, y las instituciones tendrán que especificar esos requisitos en sus pliegos de condiciones.
Cuando un producto no disponga de una norma técnica, el decreto instruye al Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) a priorizar su elaboración, dentro de sus competencias y disponibilidad presupuestaria.
Los procesos también podrán incorporar criterios relacionados con inclusión social, sostenibilidad ambiental e innovación, siempre que puedan ser comprobados y guarden relación con el objeto de la contratación.
Una política con antecedentes
La reserva de determinadas compras estatales para mipymes industriales no comienza con este decreto.
En 2022, el Decreto 31-22 ya estableció mecanismos destinados a favorecer la participación de mipymes industriales nacionales en compras realizadas por determinadas instituciones públicas. La DGCP elaboró posteriormente una guía específica para su implementación.
El nuevo Decreto 672-26 incorpora ese enfoque al marco actualizado de contrataciones públicas y añade mecanismos de coordinación, seguimiento, identificación de oferta productiva y control de calidad.
La disposición entrará en vigencia a partir de su publicación.
