El Ministerio Público sostiene que una estructura integrada por empleados y exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y particulares utilizó información de afiliados para tramitar autorizaciones y facturar consultas y procedimientos que estos supuestamente nunca solicitaron ni recibieron.
Las imputaciones están contenidas en una solicitud de medida de coerción de 525 páginas presentada contra 25 personas vinculadas a la denominada Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de la investigación sobre presuntas irregularidades en la aseguradora estatal.
La audiencia para conocer las medidas de coerción fue fijada para este lunes a las 2:00 de la tarde en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.
Afiliados negaron haber recibido los servicios
Según el expediente, integrantes de la presunta estructura tenían acceso a datos de los afiliados y conocimiento de los procedimientos internos utilizados para solicitar autorizaciones médicas.
El Ministerio Público afirma que se seleccionaban personas con poca interacción con la institución para disminuir las posibilidades de que detectaran los movimientos realizados a su nombre.
Posteriormente, se habrían generado autorizaciones y reclamaciones por servicios que, al ser consultados, varios afiliados negaron haber recibido.
Entre los casos identificados aparecen hombres a quienes se les registraron una o varias consultas de ginecología, una irregularidad que también habría sido detectada mediante una auditoría médica de SeNaSa.
Más de 4,300 autorizaciones bajo investigación
Las pesquisas identificaron 4,363 autorizaciones relacionadas con cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, por un monto aproximado de RD$41.1 millones, correspondientes al período comprendido entre enero de 2021 y febrero de 2025.
Los fiscales sostienen que algunas reclamaciones carecían de historias clínicas, descripciones de procedimientos, documentos de identidad y otros soportes requeridos.
También fueron identificados documentos con tachaduras, enmendaduras, numeraciones inconsistentes y formularios incompletos, según la acusación.
Investigan uso de identidades ficticias y firmas
El expediente señala además que algunas solicitudes de autorización habrían sido realizadas ante el centro de llamadas utilizando nombres ficticios y códigos pertenecientes a médicos vinculados a la investigación.
El Ministerio Público también atribuye a la estructura la falsificación de firmas de afiliados y el uso de documentos para sustentar reclamaciones que posteriormente habrían sido cobradas a la aseguradora pública.
De acuerdo con la investigación, después de recibir los pagos algunos profesionales habrían entregado entre 40 % y 60 % de lo cobrado a otros integrantes del presunto esquema.
Investigación podría ampliarse
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, ha señalado que esta fase de la investigación podría extenderse a otras personas o entidades.
Durante los operativos iniciales fueron arrestadas 28 personas, aunque la solicitud de medida de coerción finalmente fue presentada contra 25 imputados.
Las imputaciones deberán ahora ser debatidas ante el tribunal, que decidirá sobre las medidas solicitadas por el Ministerio Público. Los señalados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
