El acuerdo alcanzado por Meta, matriz de Facebook e Instagram, para resolver demandas relacionadas con el uso de sus plataformas por parte de menores podría aumentar la presión sobre compañías como TikTok, YouTube y Snap para adoptar medidas similares de protección.
El pacto, pendiente de aprobación por un tribunal federal en Oakland, California, contempla un desembolso de hasta US$16,680 millones y una serie de cambios dirigidos a usuarios adolescentes y menores de 13 años.
Entre las medidas previstas figuran límites diarios de uso, restricciones durante determinadas horas de la noche y mecanismos adicionales para verificar la edad de los usuarios.
Límites podrían endurecerse
Uno de los elementos particulares del acuerdo es que algunas condiciones podrían hacerse más estrictas si otras compañías tecnológicas adoptan compromisos semejantes.
El límite inicial de uso diario para adolescentes en las plataformas de Meta se establece en dos horas, pero podría reducirse hasta una hora si empresas como Google, propietaria de YouTube, o ByteDance, operadora de TikTok, implementan medidas comparables.
El fiscal general de California, Rob Bonta, señaló que el objetivo de las autoridades es impulsar estándares de protección más amplios en toda la industria tecnológica.
Pago condicionado a futuros acuerdos
Meta deberá desembolsar al menos US$12,100 millones durante un período de diez años para resolver las demandas presentadas por los estados.
Otros US$5,300 millones quedarían vinculados a la posibilidad de que se alcancen acuerdos adicionales con otras empresas del sector.
Las autoridades mantienen además procedimientos contra TikTok y Snap, mientras han expresado preocupación por las prácticas utilizadas por YouTube entre los usuarios menores de edad.
Estados cuestionaron diseño de las plataformas
Las demandas contra Meta alegaban que la compañía habría desarrollado características capaces de fomentar un uso compulsivo entre niños y adolescentes y que no habría informado adecuadamente sobre determinados riesgos asociados con sus servicios.
Los estados también acusaron a la empresa de posibles violaciones a la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA), relacionadas con la recopilación de datos de menores, así como de infringir normativas estatales de protección al consumidor.
Estas afirmaciones forman parte de las acusaciones presentadas en los procesos judiciales y no equivalen por sí mismas a una determinación definitiva de responsabilidad.
Bonta sostuvo que el problema no se limita a una sola compañía y afirmó que las autoridades pretenden avanzar hacia compromisos que involucren a un conjunto más amplio de plataformas digitales.
