La Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible el recurso mediante el cual el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, buscaba obtener una variación de la prisión preventiva que cumple por su presunta participación en la sustracción de armas, municiones y explosivos de la institución.
La decisión fue adoptada por la Tercera Sala de la Cámara Penal, que acogió el planteamiento del Ministerio Público de que el recurso carecía de objeto debido a que el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene pendiente conocer otra solicitud con el mismo propósito.
Tribunal decidirá en septiembre
El Segundo Juzgado de la Instrucción tiene previsto pronunciarse el 9 de septiembre de 2026 sobre la solicitud de revisión de la medida de coerción.
Ese mismo día también deberá decidir si Féliz Romero y los demás imputados en el expediente de la Operación Pandora serán enviados a juicio.
El coronel permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2024, cuando las autoridades pusieron en marcha la operación.
Ministerio Público atribuye perjuicio superior a RD$92 millones
De acuerdo con la acusación, Féliz Romero habría encabezado durante su gestión en la Intendencia de Armas un esquema dedicado a la sustracción y comercialización ilegal de proyectiles, armas y explosivos que se encontraban bajo custodia de la Policía Nacional.
El Ministerio Público estima que las operaciones investigadas provocaron un perjuicio al Estado de aproximadamente RD$92.2 millones.
Las imputaciones forman parte de una investigación dirigida por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Once personas figuran en el expediente
Entre los procesados también se encuentra el capitán Nelson Valdez, quien estaba al frente del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la Policía y también cumple prisión preventiva.
Asimismo, figuran Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez y Morelbin Medina Pérez, entre otros imputados sometidos a distintas medidas de coerción.
En total, la Pepca acusa a 11 personas de integrar la presunta estructura.
El expediente incluye acusaciones por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, además de supuestas violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas y otros delitos vinculados con legitimación de capitales, falsificación, sustracción y ocultamiento de evidencias.
Los hechos permanecen bajo conocimiento de los tribunales y las responsabilidades penales deberán ser determinadas mediante el proceso judicial.
